EL DERECHO DE RESISTENCIA

Por José Fernández Santillán*

El 29 de abril de 1992, en Los Ángeles, California, estallaron los peores disturbios que se recuerden en esa ciudad. La razón fue el fallo del jurado que encontró inocentes a cuatro agentes de la policía videograbados por un aficionado cuando le propinaban una golpiza salvaje a un joven afro-estadounidense, Rodney King. La consigna de los sublevados fue muy simple: "No justice, no pace" (si no hay justicia no hay paz).

Valga otro ejemplo: el 21 de agosto de 1968 el movimiento democrático encabezado por Alexander Duvcek en Checoslovaquia fue sofocado por los tanques del Ejército soviético. Ante la superioridad militar de los invasores la gente cayó en el desánimo hasta que, a principios de 1969, el estudiante Jan Palach se prendió fuego en la Plaza de San Wenceslao de la capital de la república, Praga. Su funeral se convirtió en un acto de protesta masivo en contra de la ocupación.

Las figuras de Rodney King y Jan Palach son símbolos de las distintas técnicas de la protesta civil contra hechos considerados injustos. Aunque cada cual fue ocasionado por motivos distintos, tienen en común el recurso a la violencia: el primero en forma de disturbios, el segundo por medio de la autoinmolación.

Pues bien, en el repertorio de las luchas civiles hay, sin embargo, otro tipo de técnicas que no tiene que ver con el uso de la violencia, sino con medios pacíficos. Es aquí donde se ubica el llamado que hizo Andrés Manuel López Obrador en la manifestación ciudadana del pasado domingo 16 de julio en protesta por lo que se considera un fraude electoral cometido dos semanas antes. Por eso mismo, conviene analizar cuáles son los límites y alcances de la alternativa por la que optó la coalición Por el Bien de Todos para pedir el recuento "voto por voto, casilla por casilla".

Quedan, explícitamente, excluidas de esta propuesta los disturbios y la autoinmolación a los que hemos hecho referencia; o sea, la violencia empleada contra los demás o contra sí mismo. A esos parámetros debe ceñirse la lucha pacífica. En seguida tendríamos que decir que la resistencia civil proviene de una larga tradición que se remonta, por lo menos, al siglo XVI cuando al calor de las guerras de religión se perfiló la contienda contra la arbitrariedad de los autócratas. Estas luchas quedaron condensadas en lo que se considera la Biblia del derecho de resistencia, el libro Vindiciae contra Tyrannos (1579) escrito por Stephanus Junios Brutus. La tesis central es que las autoridades no tienen un poder ilimitado: están sujetas a actuar en el marco de la ley y la justicia. Si rebasan esos límites o llegan al poder por medio de la usurpación, los súbditos tienen el derecho de oponerse a ellos porque se trata de tiranos y no de gobernantes legítimos. Los sediciosos son quienes quieren hacerse del poder violando la ley. En consecuencia, los súbditos tienen la prerrogativa de enfrentarse a esos usurpadores para restablecer el orden alterado.

El derecho de resistencia es diferente, e incluso contrario a la revolución porque el primero restituye el orden legal violado por la autoridad, mientras que la segunda rompe el orden legal existente. Uno echa mano de la organización civil pacífica; la otra plantea la vía de las armas. El personaje más representativo de la resistencia civil es Gandhi, con su técnica satiagraha; el símbolo de la revolución es Lenin, con el método de "lucha armada".

En México quienes tradicionalmente recurrieron a la resistencia civil fueron los miembros del PAN. Por ese motivo sufrieron una sangrienta represión en la ciudad de León en 1946. Cuarenta y dos años después Manuel J. Clouthier llamó a la resistencia contra el fraude electoral. En aquella ocasión El Maquío pidió el recuento de votos: "La rotunda negativa del colegio (electoral) a la apertura de los paquetes demuestra dos grandes verdades: por una parte, la inutilidad de salvaguarda y custodia; y, por otra, que el propio gobierno sabe bien que el contenido de las actas de escrutinio no coincide con el cómputo correcto de los votos reales que están dentro de los paquetes tan celosa como vanamente custodiados. ¿Valdrá la pena negarse a la revisión de los paquetes a costa de la legitimación y autoridad moral del próximo gobierno?". Dos años antes los panistas resistieron con gallardía el fraude electoral en Chihuahua; en 1991 hicieron lo mismo en Guanajuato y San Luis Potosí.

Paradojas del destino, hoy son los perredistas los que toman la estafeta para pedir que se aclare lo sucedido en el más reciente evento electoral. Esa estrategia es aplicada, irónicamente, contra un gobierno y un candidato panista que, se cree, han sido afectados por el mismo mal que alguna vez ellos mismos combatieron.

Uno de los preceptos de la resistencia civil, como señala Norberto Bobbio, es que debe ser acompañada por un "trabajo constructivo"; o sea, por un conjunto de comportamientos ejemplares que muestren al adversario que no se pretende eliminarlo; el propósito es construir una forma de vida mejor para todos. La vía pacífica no trata de ofender al oponente, sino volverlo inofensivo; no contraponer a sus actos ilegales otros actos ilícitos, sino develar su falsedad para volverlo moralmente impotente. En lugar que proteja intereses creados, hacerle ver que es posible edificar un orden justo.

La tesis fundamental del derecho de resistencia se encuentra en las últimas líneas del libro de John Locke, Ensayo sobre el gobierno civil (1690): "Yo dejo al juicio imparcial de la historia sentenciar si los tumultos han tenido su origen en la temeridad del pueblo, en su deseo de liberarse de la autoridad legítima de sus gobernantes, con mayor o menor frecuencia que en la insolencia y osadía de esos gobernantes de ejercer un poder arbitrario sobre su pueblo, es decir, si ha sido la opresión o la desobediencia la iniciadora del desorden".

Curioso: quienes combatieron la opresión ahora invocan el valor del orden para mantenerse en el poder.



*Profesor del ITESM-CCM

Elecciones en México: adiós a la democracia

Por Blanche Petrich*

Vacío de poder, ingobernabilidad, anulación del proceso electoral, nombramiento de un presidente interino, riesgo de violencia social, polarización. Expresiones de inestabilidad que México no había conocido en su historia reciente son hoy términos frecuentes en el debate político como consecuencia de la crisis postelectoral con la que se signó la jornada comicial del 2 de julio.

Estos son los saldos de una elección presidencial que no tuvo los elementos mínimos de credibilidad y que ha dejado a la nación prácticamente partida en dos. Así, México, que llegó tarde al juego de la “democracia electoral moderna” –apenas en el 2000— hoy le dice adiós.

Andrés Manuel López Obrador, el candidato de los sectores liberales y nacionalistas que se erigió con un liderazgo sin precedentes, se declara defraudado y emprende la defensa del sufragio por dos vías. La primera, la resistencia civil pacífica, a la que convocó el domingo 16 de julio ante una concentración popular que fue definida como una de las mayores en la historia (más de un millón de personas). La segunda, la impugnación jurídica, mediante un recurso de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial que exige un nuevo recuento de todos los votos emitidos.

Su llamado apuesta a una movilización de largo aliento. La primera interrogante es si la efervescencia social inicial, que acudió al llamado a la resistencia y rebasó los cálculos de la propia Coalición “Por el Bien de Todos”, podrá mantener el pulso y la fuerza necesarias. La segunda gira en torno al alcance de la demanda judicial, que tendría, entre uno de sus alcances más extremos, el de la anulación de la elección. Siete magistrados del TEPJ tienen hoy en sus manos el destino de México, un país donde los jueces de consigna tienen una larga tradición, muy por encima del aun endeble proceso de cambio que debería garantizar la plena independencia del poder judicial.

En la esquina opuesta, los poderes fácticos cierran filas y emprenden una férrea defensa del turbio triunfo del candidato del derechista Partido de Acción Nacional Felipe Calderón. Estos poderes han levantado un rotundo “no” ante la posibilidad de que se cumpla lo que se exige en la calle: el recuento “voto por voto, casilla por casilla”, para ver si es verdad que Calderón obtuvo medio punto porcentual más que López Obrador.

En esta otra resistencia –la que pretende evitar que se transparente el resultado electoral—participan banqueros e industriales, el alto clero y el gobierno federal, las organizaciones más conservadoras, incluida la ultraderecha que durante la administración de Vicente Fox salió del clóset y se reagrupó en la cúpula panista, las viejas estructuras del sindicalismo corporativo y la mayor parte de los medios de comunicación y de manera notable los electrónicos, con el poderoso consorcio Televisa a la cabeza, dictando línea. A ello se ha sumado el propio Instituto Federal Electoral, que como árbitro debería mantenerse alejado de la contienda.

Este formidable bloque de poder ataca por varios frentes. Uno, abrumador, es la defensa sin fisuras del instituto electoral como suma de todas las bondades de la llamada “democracia moderna”. Criticar o cuestionar a esta “sagrada” institución constituye hoy “una ofensa” a la ciudadanía y a la ley. Los conductores de los medios electrónicos, virtuales jueces del proceso, meten debajo del tapete los vicios de origen del IFE; callan el desequilibrio existente en el consejo electoral, integrado por cuatro priistas y cinco panistas, sin ninguna representación del flanco izquierdo. Y omiten recordar que el presidente del instituto electoral, Luis Carlos Ugalde, no es un actor neutral. Amigo personal de Felipe Calderón, Ugalde fue propuesto e impuesto en el cargo por la ex diputada Elba Esther Gordillo, un fenómeno del paleolítico mexicano. Esta mujer es líder del sindicato de trabajadores de la educación, la mayor organización gremial de América Latina. Acaba de ser expulsada del PRI por haber promovido en varios estados del norte del país la deserción del voto duro de su propio partido, el viejo tricolor, a favor del Partido Acción Nacional. En buena medida, Calderón le debe su pírrica victoria a las malas artes de la “maestra” quien tiene, por tanto, una enorme factura que puntualmente le cobrará al futuro presidente.

Otro elemento de la estrategia de la derecha es poner el grito en el cielo ante una eventual anulación de la elección. Esta es una de las opciones legales a las que podría recurrir el tribunal electoral –quizás la más extrema-- si encuentra que las inconsistencias que denunció la coalición de López Obrador contaminaron, en efecto, todo el proceso comicial.

Para los millones de ciudadanos que consideran que su derecho al sufragio fue violado, esta posibilidad aparece, cada vez más, como la única salida posible. Para quienes están dispuestos a llevar a Calderón a la presidencia a toda costa, la palabra “anulación” es equiparada con “traición”. Y, según declara el propio candidato panista, están dispuestos a “defender la democracia, la paz y las instituciones”.

En este discurso, ha aparecido, de manera peligrosa, la palabra violencia. Fue el presidente Fox quien dio la pauta al decir que la jornada del dos de julio había sido ejemplar, salvo por “algunos renegados”. Los numerosos voceros del calderonismo derivaron esa idea a otra polarización: demócratas versus antidemocráticos. Y en los últimos días, pacíficos contra violentos.

A tres semanas de los comicios, no se han registrado actos de violencia, aunque hay quienes la invocan. La pregunta es si la crispación actual se mantendrá sin desbordarse hasta el desenlace de este proceso.

El primer plazo se vence a fin de mes, cuando el tribunal electoral resuelva si abre solo una tercera parte de los paquetes impugnados o hace un recuento de los más de cuarenta millones de votos. Muchos analistas ven distante esta posibilidad, no solo por la tibieza característica de los jueces y por la desigualdad de recursos y poder entre las fuerzas enfrentadas, sino también por los errores contenidos en las impugnaciones de la coalición de López Obrador. Hay opiniones que no descartan que, pese al cúmulo de dudas y a la inconformidad masiva, el 6 de septiembre, cuando se agoten los términos legales, Calderón será declarado presidente electo.

Para allanar el camino, mucho antes de ser legalmente declarado ganador, Calderón ya actúa como presidente electo, anuncia diversas fórmulas de lo que será un aun hipotético gabinete, recibe felicitaciones de jefes de Estado –aunque luego sean retiradas, como fue el caso del estadunidense George Bush y el español Rodríguez Zapatero—y es resguardado por el Estado Mayor presidencial.

¿Qué horizonte se tendrá, entonces, para el futuro régimen?

En principio, Felipe Calderón, por su propio perfil y por su trayectoria, será un presidente débil, acotado. Panista desde la adolescencia, es hijo de un ilustre fundador del partido que en los años 30 se inspiró en la doctrina socialcristiana, Luis Calderón Vega, quien hace décadas renunció al PAN en protesta por un fraude. Felipe, a sus 44 años, nunca fue el favorito del poderoso líder de su partido José Espino para el cargo, un derechista a ultranza. Ni lo fue para el presidente Fox, o peor aún, para su esposa Marta, que tras el escenario maneja muchos hilos del partido. Quizá por ello su libro de campaña se llamó “El hijo desobediente”. El mismo “hijo” que, una vez dentro del redil, tendrá que hacer mayores méritos para aplacar a los halcones que lo rodean, particularmente a los cuadros del viejo organismo de la ultraderecha violenta, “El Yunque”, que llegó a la cúpula de el PAN precisamente de la mano de Espino.

Si se concreta este escenario, el Partido de la Revolución Democrática, con sus aliados, quedará, una vez más, en la oposición. Pero contará con el carismático liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que concita un enorme apoyo popular, ya que con 14 millones de votos, la coalición obtuvo más del doble de votos que el candidato que contendió por esta formación en las tres elecciones anteriores, Cuauhtémoc Cárdenas.

Con un perfil en el que la mayoría son ciudadanos sin partido, el fenómeno de la popularidad de López Obrador trasciende, con mucho, al PRD. En este partido los contenidos de una agenda de izquierda se han ido diluyendo en los últimos años. Hoy, sus figuras principales son ex priistas que han cambiado de camiseta de última hora, ante el naufragio de su propio partido. El divorcio del PRD con las causas populares es profundo y muchos de sus cuadros históricos han minado su bagaje de luchas populares en aras del pragmatismo.

En palabras del analista Luis Hernández Navarro, la confrontación política actual se da en términos de liberales y conservadores, más que entre derecha e izquierda.

¿Cuál será, entonces, el cauce para la izquierda mexicana? Está, desde luego, la construcción de esta vía desde la propuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que en diciembre del año pasado arrancó “la Otra Campaña”, para promover a lo largo y ancho del territorio la construcción de una fuerza “abajo y a la izquierda”. Medio año después, con medio país recorrido, la iniciativa zapatista suspendió el viaje y se estacionó en la capital. Durante la primera fase del trayecto, el subcomandante Marcos criticó consistentemente el carácter electorero y antipopular de los contendientes, privilegiando en sus ataques la figura de López Obrador. El bombardeo de Marcos contra el PRD y López Obrador creó fracturas entre seguidores del EZLN, que históricamente han votado por la izquierda. El discurso antiperredista del EZLN terminó, como un bumerang, por golpear a “la otra campaña”, cuya presencia en el debate de la coyuntura actual es marginal.

En el vasto y diverso territorio mexicano han aparecido nuevas experiencias de disidencia que deben ser tomadas en cuenta. Una de ellas es la de Oaxaca, donde una huelga del movimiento magisterial que se mantiene desde hace meses ha tenido un eco inesperado. El paro y la movilización de 70 mil maestros procedentes de los 570 municipios y 10 mil comunidades indígenas del estado dio pie a la instalación de la Asamblea Popular del Pueblo Oaxaqueño, que tiene como principal demanda la destitución del gobernador Ulises Ruiz. La APPO, que ha tomado prácticamente el centro de la ciudad de Oaxaca, ocupó el palacio de gobierno que las autoridades locales habían abandonado y estableció ahí el Gobierno Popular del Estado. Este complejo proceso político local, ignorado y distorsionado por los grandes medios a nivel nacional, representa una forma de recuperar formas del poder comunitario; un fenómeno –puntualiza Luis Hernández Navarro—que nos acerca más al movimiento que llevó a Evo Morales al poder en Bolivia que a la propuesta de López Obrador de “un gobierno cercano a la gente”.

Este es, pues, el escenario de fin de régimen de Vicente Fox, quien en días recientes declaró que cuando salga de Los Pinos “dejará el país en paz, bien y trabajando”. Es una pena que el presidente-ranchero no pueda percatarse del fino e involuntario humor de sus palabras.


*Periodista de La Jornada

DE ALGORITMOS, VOTOS, GABACHOS Y DIOS

DE ALGORITMOS,VOTOS,GABACHOS Y DIOS.

José Steinsleger escribe en la Jornada:

Democracia si Dios quiere. Durante los comicios presidenciales de Estados Unidos en 2000, la empresa privada Choice Point fue acusada de haber manipulado el listado de votantes del estado de Florida para eliminar del padrón electoral a personas de origen hispano y afroestadunidense.

Investigaciones posteriores revelaron que bajo el lema "un mundo más seguro" Choice Point había vendido a distintas agencias del gobierno estadunidense datos personales sobre millones de ciudadanos del mundo. En América Latina, sin el consentimiento de sus gobiernos, y mucho menos de los ciudadanos, la empresa compró a precio de ganga registros de votantes, registros nacionales, licencias de conducir y otros listados de México, Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

La manipulación fraudulenta de los datos privados es un acto ilegal. En principio, nos asiste el derecho de averiguar quién (o quiénes) pasaron a fulano y mengana nuestro número de teléfono para ofrecernos una y otra vez tarjetas de crédito de distintos colores, o vacaciones en Disneyworld y Cancún. La ley es clara. ¿Quién le entra?

Igualmente, las conjeturas acerca de un escrutinio electoral pueden conducir a una demanda legal. Sin embargo, probar si hubo o no fraude cibernético es más complicado.

En el siglo pasado leíamos libros del tipo "yo participé en el golpe de Estado de Bombilandia". Al paso que vamos, en el futuro leeremos confesiones del tipo "yo programé el algoritmo requerido para que George W. Bush fuera elegido presidente".

Eso del algoritmo resulta algo simple y complejo a la vez. Un algoritmo es un método de ordenación (o de búsqueda). Si, por ejemplo, usted vive solo y acomoda sus calcetines en la cocina y la vajilla debajo de la cama, su algoritmo deberá ser corregido en caso de que decida vivir con otra persona. Quizá esta persona tenga un algoritmo de vida parecido al suyo, pero nunca igual. En aras de la convivencia ambos tendrán que resolver un algoritmo más complejo.

Luego de definir "algorítmicamente" las normas básicas de convivencia, usted y su pareja deciden sumar otras personas al equipo. Previsiblemente, el algoritmo del grupo se complicará. Todos pueden sentirse libres. Mas todos deben convenir en tirar de la cadena cuando van al baño. Quien no cumpla con la norma introducirá en el grupo un problema fuera de programa y muy difícil de resolver mediante un algoritmo. El grupo decidirá (políticamente) si desea o no aguantar al indeseable.

Empleamos algoritmos para resolver problemas, no para complicarnos la vida. Por esto, la definición de algoritmo es intuitiva y no exacta. Cuando contamos con los dedos de una mano o usamos un ábaco, procedemos de un modo algorítmico. El sistema numérico decimal, inventado por los árabes, es un algoritmo destinado a facilitar el cálculo. Tenemos tres unidades y contamos: uno, dos, tres. Pero si contamos uno, cuatro, nueve contamos mal porque introducimos un algoritmo (orden, programa) ajeno al convenido.

En el caso de las computadoras, las máquinas poco pueden si fallan los motores éticos y el contacto humano en el proceso de programarlas. Una computadora deber ser programada para formar y no meramente para informar. Las computadoras se "equivocan" si los programas diseñados para que funcionen introducen algoritmos que arrojan resultados ajenos al programa previamente acordado.

En Florida, el gobernador Jeb Bush encargó a Choice Point la elaboración de una lista a excluir del padrón electoral. La empresa introdujo el algoritmo requerido y 91 mil nombres se perdieron en el ciberespacio. Decenas de miles más fueron puestos en la lista de forma irregular porque el algoritmo introducido no reconocía los nombres que se parecían al de otras personas imposibilitadas de ejercer el voto. V.gr.: Willie Osteen se parecía a O'Steen, un ex condenado.

En el distrito Comal County (Texas), cuando tres candidatos republicanos lograron 18.181 votos cada uno, no fueron las "máquinas inteligentes" las que se equivocaron, sino los pícaros que las programaron de un modo poco inteligente. En otros distritos del estado dos candidatos republicanos obtuvieron una mayoría de votos infinitamente más grande que el padrón electoral. ¿Las máquinas estaban "locas"?

En su libro La mejor democracia que se puede comprar con dinero, el periodista Gregory Palast ofreció más pruebas de que "en el Norte profundo..." la democracia también puede "atascarse". En Texas los demócratas exigieron el conteo manual de los votos y el uso de computadoras nuevas. Los resultados les dieron la victoria. Las autoridades electorales acabaron reconociendo que en algunos distritos el escáner para leer los votos tenía un "chip averiado": registraba los votos demócratas como votos republicanos. Qué pena. Pero en Estados Unidos la "democracia" jamás se da por vencida. En la pasada convención bianual los republicanos de Texas acabaron con estos líos y eligieron a Dios como "líder del partido".

Esto que pudiera estar de risa loca -y que bueno que lo tomemos así-está a punto de pegarle en la madre a todo un país que se llama México. Y todo por consentir que un puñado de gentes sin escrúpulos se hayan adueñado del país. Debemos decir !Ya basta! y poner a cada quien en su lugar. !No al fraude electoral!.

LA DICTACRACIA EN MÉXICO

Germán Ojeda.


México no es la dictadura perfecta como escribió el brillante novelista e ideólogo conservador Mario Vargas Llosa, es una "dictacracia" imperfecta -pretende juntar a conveniencia dictadura y democracia- porque el país lo gobierna con mano de hierro una dictadura oligárquica económico-mediática que utiliza cada seis años el guante de seda democrático para "fabricar" elecciones a su medida.En México se fabrican las elecciones.

Así fue desde que en 1928 el PRI se instaló en el poder y así ha sido también en estas elecciones de 2006, pues si como acaba de señalar el New York Times Mexico fue históricamente "líder mundial en fraude electoral", las elecciones del 2 de julio pasado confirman ese vergonzoso liderazgo antidemocrático, colocando al país al borde de la quiebra institucional.bEl fraude electoral organizado por el gobierno presidido por Vicente Fox y por su partido el PAN en beneficio del derechista Felipe Calderón -asesorado por el jefe de las campañas electorales de Aznar, Antonio Sola-, contra la candidatura del anterior alcalde de la capital, el socialdemócrata Andrés Manuel López Obrador (AMLO), líder del PRD, viene preparándose desde hace dos años.

Empezó cuando la presidencia de la república pretendió "desaforar" -quitar los derechos políticos- a Obrador para que no se pudiera presentar como candidato, operación que no pudieron rematar desde las instituciones ante la masiva movilización de la población en defensa de AMLO; siguió luego con la exhibición de videos en las televisiones que supuestamente probaban la corrupción que rodeaba al líder del PRD, y terminó estos últimos meses preelectorales con una sucia campaña mediática utilizando todos los recursos públicos y privados para presentar machaconamente a Obrador como "un peligro para México", tal como lo definió el propio presidente Fox contraviniendo la norma constitucional que prohíbe cualquier intervención presidencial en las campañas electorales.

No sólo el presidente se saltó reiteradamente la norma constitucional con premeditación y alevosía para tratar de derrotar a AMLO, también se la saltó Aznar cuando apareció en el país azteca con su fundación para patrocinar la candidatura de Calderón, se la saltaron además los empresarios que a través de sus organizaciones hicieron publicidad mediática contra "el caos económico" si ganaba el PRD y a favor del PAN, y se la saltó incluso parte de la jerarquía eclesiástica que nunca había intervenido directamente hasta ahora en las elecciones mexicanas.

Esta santísima trinidad, el poder institucional, el poder del dinero y el poder de la jerarquía eclesiástica, volcó sus recursos y su influencia a favor de Calderón, presentando a Obrador como un muñeco populista en manos de Fidel Castro y de Chávez y promoviendo una extraordinaria campaña negativa en su contra a través de las televisiones y las radios - con las que previamente y en plena precampaña el gobierno había sellado un pacto de socorros mutuos aprobando la llamada popularmente "ley Televisa"- que a un mes de las elecciones empezó a surtir efectos en la población mayoritariamente pobre y con una baja cultura política, lo que permitió al candidato de la derecha mejorar sus expectativas pese a los escándalos económicos vinculados a su familia -Hildebrando-, que fueron confirmados al final de la campaña poniendo contra las cuerdas a Calderón.

Sin embargo, en un momento de cambio histórico tan importante en América Latina, si no ganaba Calderón por las buenas tenía que ganar por las malas, esto es, la dictacracia mexicana, con el apoyo de sus aliados internacionales, había organizado un maquiavélico plan B que consistía en retocar el padrón eliminando votantes afectos a Obrador, colocar papeletas limitadas en aquellas mesas electorales donde se sabía que iba a ganar el PRD, "embarazar", es decir, hinchar las urnas con votos a favor del candidato de la derecha, y -lo realmente extraordinario- manipular el sistema informático de recuento de votos para que saliera vencedor Felipe Calderón, lo que un organismo supuestamente técnico e independiente -el Instituto Federal Electoral, nacido de un pacto entre el PRI y el PAN que había dejado fuera al PRD de Obrador- debía ratificar oficialmente en los días inmediatos a la elección.Hecho y dicho.

Las fraudulentas manipulaciones se produjeron y el IFE anunció el triunfo de Calderón, los medios difundieron por tierra, mar y aire una victoria impugnada desde el principio, los presidentes de países extranjeros con más intereses en México -Bush y Zapatero- lo felicitaron sin esperar a la proclamación oficial, así que la dictacracia mexicana podía descansar en paz y en gracia de dios con otros seis años por delante para seguir saqueando impunemente a su México "lindo y querido".

El problema, el único problema, es que AMLO y sus millones de seguidores denunciaron el fraude, se movilizaron a lo largo del país, exigieron contar las papeletas voto a voto para defender la democracia y para que por fin México dejara de tener un gobierno de ladrones viviendo a costa de un pueblo de oprimidos, como decía una pancarta que tuve ocasión de leer hace dos semanas en una concentración en la plaza del zócalo de la capital del país.

Las décadas negras.

Efectivamente, como es sabido México está dividido en lo que el escritor Mariano Azuela llamó "los de abajo" y los de arriba, los pobres y los ricos, los indios y los criollos, los del sur y los del norte, los de derecha y los de izquierda, los de Calderón y los de Obrador, los del PAN y sus aliados del PRI frente a los moderados izquierdistas del PRD o los radicales insurgentes y zapatistas.

Los de abajo, la población mayoritaria, es india o mestiza, es pobre, es obradorista y sin embargo nunca ha podido gobernar su destino, porque a comienzos del siglo pasado se lo impidieron a la fuerza militares absolutistas como Porfirio Díaz, luego los nacionalistas del PRI que hicieron votar a los muertos para ganar las elecciones durante tres cuartos de siglo, y ahora los neoliberales del PAN que han dado una lección al mundo de cómo fabricar elecciones.

México es un país pionero e innovador en muchas cosas, pero especialmente en el uso y abuso del poder supuestamente democrático. El uso y el abuso del poder sin límites hizo del PRI un estado dentro del estado, hizo de México un país insurgente, hizo de la democracia una farsa, hizo de los procesos electorales un gigantesco fraude, cuyos resultados eran las llamadas "elecciones de Estado", esto es, siempre gobernaban los designados por el "dedazo" del poder. Así fue desde 1928 hasta 1988, cuando el omnímodo PRI que había gobernado al país sin oposición durante décadas tuvo que recurrir a un fraude masivo para colocar en la presidencia al amigo del narcotráfico Carlos Salinas frente al hijo del expresidente que había acogido a los republicanos españoles exiliados, Lázaro Cárdenas.

Entonces la elección de Estado, la compra de votos a cambio de alguna asistencia social, el acarreo de electores, las papeletas firmadas por niños y difuntos, las urnas "embarazadas" a conveniencia, la manipulación de las cifras y, en definitiva, el pucherazo electoral quedaron en evidencia frente a la victoria no reconocida de Cuathemoc Cárdenas, que no tuvo ni fuerzas, ni organización, ni apoyo popular para combatir el escandaloso fraude.

Pero como el fin justifica los medios, así aquel robo a mano armada-armada desde el Estado- para colocar a Salinas en la presidencia tenía propósitos de largo alcance. Además de servir como siempre a la oligarquía mexicana, debía servir a un cambio histórico: pasar del nacionalismo patriótico al internacionalismo neoliberal, con la privatización y la venta de los recursos nacionales a las multinacionales y con la firma del Tratado de Libre Comercio con los vecinos del norte, para que de esta manera las empresas multinacionales norteamericanas y canadienses tuvieran a su disposición mano de obra barata y abundante y pudieran además invadir libremente a México con sus productos.

Energía, banca, minerales, teléfonos, transportes, recursos turísticos, parte de la gran industria petrolera, todo fue enajenado a cambio de fabulosas comisiones siguiendo los sacrosantos principios del mercado, la libre competencia y la liberalización económica. La venta de México al mejor postor fue en efecto un cambio histórico que se llevó por delante al propio PRI, a Salinas y hasta a Cuathemoc porque el que calla otorga, de tal manera que todo lo que vino después de aquel sexenio negro 1988-1994 fue transición, pauperización de las clases populares, conflicto social e inestabilidad institucional.

En las siguientes elecciones presidenciales del 94 el mismo PRI mató a última hora por si acaso a su propio candidato -el popular e izquierdoso Luis Donaldo Colosio- colocando al sumiso Zedillo para que todo siguiera atado y bien atado, pero aquel mismo año se levantó el ejército zapatista pidiendo derechos y justicia, y un partido hasta entonces marginal y católico -allí donde los curas no podían salir de las iglesias-, el PAN, empezó a crecer apoyándose entre otros precisamente en "los soldados de Cristo" y a defender un México "occidental", donde las elecciones fueran limpias, la política democrática y la patria y los recursos económicos de todos, incluso de los pobres.

Pura propaganda, como demostró el gobierno del PAN durante este último sexenio presidencial 2000-2006 de Vicente Fox, donde aumentaron los índices de marginalidad y pobreza, donde aumentó de forma alarmante la emigración de mexicanos pobres a buscarse la vida en EEUU, aumentó la corrupción, el clientelismo, las privatizaciones y la venta de la nación a los intereses extranjeros.

Finalmente, en un país donde las elecciones habían sido una gran farsa, fueron en esta campaña presidencial de 2006 si cabe menos limpias que nunca, porque a los viejos métodos del PRI -manipulación del padrón, compra de votos, falsificación de actas, embarazo de urnas, etc.- se añadieron nuevos procedimientos efectivamente "occidentales" o al menos aprendidos del vecino del norte: masiva propaganda mediática en los medios de la derecha -que son absolutamente todos con la excepción que confirma la regla de algunos periódicos regionales y del diario La Jornada- para destruir la figura del "peligro para México" que era Obrador, masiva utilización de las instituciones y de los dineros públicos a favor del candidato del PAN y masiva intervención electoral para fabricar los resultados.

En estas milagrosas elecciones México acaba de dar un nuevo impulso a la dictacracia, porque a esos viejos métodos aprendidos durante décadas con el PRI se añadieron los nuevos aprendidos en EEUU -recuérdese la elección de Bush en el año 2000-, de tal manera que de las burdas y manuales elecciones de Estado se pasó ahora a las nuevas e informáticas elecciones del PAN, hasta el punto de que Luis Hernández Navarro -uno de los periodistas más prestigiosos de México- habló inmediatamente de "un golpe de Estado técnico", como se ha ido confirmando en estos dias.

México vive de nuevo otra gran convulsión histórica y lo que está en juego es la posibilidad o no de transformar social, económica y políticamente al país por la vía democrática, mientras otros movimientos populares y zapatistas se organizan desde hace años en "otra campaña" para cambiar por la vía insurgente el sistema político y refundar el país. Pero en estos días de julio ya ha quedado claro que a pesar de tanto apoyo institucional, económico, mediático e internacional, este golpe de estado técnico no podrá consolidarse frente a más de la mitad de los mexicanos movilizados pacíficamente defendiendo el valor de su voto y la verdad de la democracia; ya ha quedado claro que Calderón no podrá gobernar en paz el país azteca; ya ha quedado claro que el Mexico insurgente y revolucionario resurgirá al grito histórico de tierra y libertad si el mundo democrático occidental deja abandonado a su destino al Mexico democrático que simplemente pide contar sus votos para conocer la verdad electoral, ya ha quedado claro que el Mexico de "los de abajo" se radicalizará si, en una palabra, no somos capaces entre todos de acabar de una vez y para siempre con la vieja y nueva dictacracia mexicana.

Como proclama el candidato socialdemócrata de origen cántabro López Obrador, nuestro entrañable país hermano necesita de una vez por todas después más de un siglo de saqueo y corrupción ejecutada con total impunidad, la democracia política e institucional "por el bien de todos".

Germán Ojeda, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo.