Todo programa para América Latina y el Caribe tiene tiene que tener como orientaciones prioritarias la superación de la pobreza y las desigualdades; la recuperación cultural y el fortalecimiento de diversas opciones de vida; y el logro de modalidades de uso de los recursos que, reconociendo los severos límites que hoy confronta el planeta, nos permita construir un futuro ambientalmente sostenible.
En la concepción que ha servido de fundamento a todas las negociaciones del ALCA ha prevalecido un fuerte fundamentalismo cultural liberal, así como un sesgo ideológico que en todo caso considera preferible el mercado a cualquier otra forma de regulación social o criterio de asignación de recursos. No se toman en cuenta la historia y la rica pluralidad cultural de nuestra región y se ignoran las formas en las cuales el Estado ha intervenido en todas las experiencias históricas de desarrollo capitalista consideradas como exitosas.
Esta visión unilateral -base del ALCA- tanto del modo de vida que deben alcanzar todos los pueblos, así como de los modos únicos en los cuales se debe avanzar para lograrlo, entra en franca contradicción con las orientaciones básicas del régimen internacional de los derechos humanos, recogidos en sus instrumentos jurídicos más representativos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, o en el Convenio número 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo.
Uno de los ámbitos en los cuales se producirían transformaciones más profundas en nuestras sociedades es en el área de los servicios tal como están concebidos en el Capítulo sobre servicios del ALCA. Consistente con la lógica de la mercantilización, estas negociaciones buscan abrir a la inversión privada amplias áreas de lo que hasta hace muy poco tiempo eran considerados como ámbitos propios de los servicios públicos. El concepto de servicios, que define la cobertura de estos acuerdos es extremadamente amplio. En una de las variaciones del texto del Capítulo sobre Servicios del ALCA los define en los siguientes términos:
el término "servicios" comprende todo servicio de cualquier sector, excepto... los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales;
un "servicio suministrado en ejercicio de facultades gubernamentales" significa todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios prestadores de servicios.
Con esta definición omniabarcante, prácticamente no queda servicio público alguno que no tendría que, en forma inmediata o en el futuro, someterse a las “disciplinas” del tratado.
En la concepción que ha servido de fundamento a todas las negociaciones del ALCA ha prevalecido un fuerte fundamentalismo cultural liberal, así como un sesgo ideológico que en todo caso considera preferible el mercado a cualquier otra forma de regulación social o criterio de asignación de recursos. No se toman en cuenta la historia y la rica pluralidad cultural de nuestra región y se ignoran las formas en las cuales el Estado ha intervenido en todas las experiencias históricas de desarrollo capitalista consideradas como exitosas.
Esta visión unilateral -base del ALCA- tanto del modo de vida que deben alcanzar todos los pueblos, así como de los modos únicos en los cuales se debe avanzar para lograrlo, entra en franca contradicción con las orientaciones básicas del régimen internacional de los derechos humanos, recogidos en sus instrumentos jurídicos más representativos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, o en el Convenio número 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo.
Uno de los ámbitos en los cuales se producirían transformaciones más profundas en nuestras sociedades es en el área de los servicios tal como están concebidos en el Capítulo sobre servicios del ALCA. Consistente con la lógica de la mercantilización, estas negociaciones buscan abrir a la inversión privada amplias áreas de lo que hasta hace muy poco tiempo eran considerados como ámbitos propios de los servicios públicos. El concepto de servicios, que define la cobertura de estos acuerdos es extremadamente amplio. En una de las variaciones del texto del Capítulo sobre Servicios del ALCA los define en los siguientes términos:
el término "servicios" comprende todo servicio de cualquier sector, excepto... los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales;
un "servicio suministrado en ejercicio de facultades gubernamentales" significa todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios prestadores de servicios.
Con esta definición omniabarcante, prácticamente no queda servicio público alguno que no tendría que, en forma inmediata o en el futuro, someterse a las “disciplinas” del tratado.
El ALCA no es un tratado de derechos humanos, laborales, culturales o ambientales. Pero es indispensable garantizar que los compromisos que se adquieran con la firma de este Tratado no pongan en peligro los compromisos previamente adquiridos por todos nuestros países con relación a esos otros tratados.
En el contexto del ALCA, con mucha razón, varios países del continente han venido planteando que resulta imposible continuar avanzando significativamente en muchas áreas de las negociaciones mientras los Estados Unidos no esté dispuesto a reconsiderar las políticas de apoyo interno a su producción agrícola. Nuestros países carecen de la magnitud de los recursos financieros que disponen los países desarrollados para apoyar la agricultura; lo que tenemos son instrumentos de política para paliar los efectos perversos de las distorsiones de los precios internacionales, instrumentos que se nos solicita eliminar con las negociaciones de acceso a los mercados. Estos masivos apoyos internos acentúan los desbalances profundos que caracterizan las relaciones económicas continentales. La producción agrícola es mucho más que la producción de una mercancía. Es, más bien, un modo de vida. Es el fundamento básico para la preservación de opciones culturales, es una forma de ocupación del territorio, define modalidades de relación con la naturaleza, tiene que ver directamente con los temas críticos de la seguridad y soberanía alimentarias. Por lo tanto, no puede ser tratado como cualquier otra actividad económica o cualquier producto.
Las modalidades de registro de la autoría del conocimiento característicos del modelo industrial, las patentes, adquieren una plena protección como propiedad privada. Las otras modalidades de conocimiento, colectivas, campesinas, tradicionales, de pueblos indígenas, etc., al no cumplir con los criterios de autoría precisa, novedad o aplicación industrial, carecen de dicha protección. Aquello en lo cual los países del Norte y sus empresas tienen sólidas ventajas, su control de una muy alta proporción de todas las patentes industriales, recibe rigurosa protección. Aquello en lo cual los países del Sur tienen ventajas, sus conocimientos campesinos y tradicionales y su biodiversidad, carece, en lo fundamental de protección.
La transparencia en el proceso de negociaciones es una condición sin la cual no sería posible la participación de la sociedad civil en el seguimiento del proceso. Sin embargo esta transparencia ha sido hasta el momento muy limitada. Sólo después de una insistente presión por parte de organizaciones sociales de todo el continente, fue dado a conocer el primer borrador de los textos en junio del año 2001, después de varios años de negociación. El segundo borrador se dio a conocer en noviembre del año 2002. Estos borradores, brindan una limitada capacidad de debatir sobre lo que ocurre en las negociaciones del ALCA.
Sólo mediante un proceso de negociaciones efectivamente transparente al conjunto de la sociedad, a los sectores empresariales, a los trabajadores, a las organizaciones indígenas, de mujeres, culturales, ambientales, a los partidos políticos, al parlamento, a la prensa, podremos afirmar que estamos avanzando en la dirección de un proceso de integración que pueda caracterizarse como democrático. En el caso venezolano, de acuerdo a lo previsto en el artículo 73 de la Constitución, Referendos en Proyectos de Leyes y en Materia Nacional, el Gobierno Nacional realizaría un referéndum sobre el ALCA antes de aprobar o ratificar el Tratado.
El acelerado proceso de reuniones que se llevan a cabo en la actualidad y la presión por concluir estas negociaciones a más tardar a finales del año 2005, niega tanto la posibilidad de la transparencia como la posibilidad de que sectores sociales y la sociedad en su conjunto sean consultados antes de tomarse decisiones de consecuencias tan profundas como las que estarían implicadas en los actuales borradores del ALCA.
Las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas se inician con la existencia de abismales diferencias no sólo entre los tamaños de las economías, sino igualmente extraordinarias diferencias en los niveles de desarrollo. Uno de los objetivos principales que debería tener un proyecto de integración exitoso, tal como lo ha demostrado la experiencia de la Unión Europea, es que la integración permita dar pasos sólidos hacia significativas reducciones de estas inmensas desigualdades inicialmente existentes. Esto requiere el establecimiento de compromisos firmes -con procedimientos que garanticen su cumplimiento- para que la operación del Tratado contribuya en forma efectiva a la reducción de estas desigualdades.
Si no se concretan las acciones necesarias para mejorar las condiciones del entorno social y productivo, países muy desiguales serían tratados como iguales y se verían obligados a competir bajo las mismas reglas a pesar de sus rezagos y debilidades.
Un trato de iguales a economías profundamente desiguales no puede sino favorecer a los más fuertes a costa de los más débiles. Si no se concretan las acciones necesarias para mejorar las condiciones del entorno social y productivo, países muy desiguales serían tratados como iguales y se verían obligados a competir bajo las mismas reglas a pesar de sus rezagos y debilidades.
Para avanzar en la reducción de estas profundas desigualdades, es indispensable encarar este reto y asumir compromisos firmes que necesariamente exigirán una significativa transferencia de recursos desde los países más ricos a los países más pobres. Desde nuestra perspectiva, un proyecto de integración puede ser una oportunidad para todos si y sólo si las principales potencias del hemisferio comparten los costos políticos, económicos y financieros de abrir espacios para el esfuerzo productivo de los países más débiles. En este sentido, la creación de los Fondos de Convergencia Estructural destinados a financiar los proyectos en infraestructura y servicios para disminuir las asimetrías y desigualdades entre países, es una condición imprescindible para evitar que una Área de Libre Comercio sea un espacio en el que ganan unos y pierden muchos.
Son más de 24 países en el Hemisferio que reconocen las limitaciones de estas propuestas y exigen cambiar la metodología de ayuda a los países en desarrollo. La delegación de CARICOM ha venido planteando este tema desde el principio de las negociaciones e insisten en la necesidad de un Fondo de Integración Regional, las delegaciones como República Dominicana y Nicaragua solicitan un Fondo de apoyo a la reconversión de empresas y a la reorientación de la producción, la delegación de MERCOSUR propone un Fondo de Compensación.
Venezuela ha presentando una serie de posibles fuentes de financiamiento para estos Fondos de Convergencia Estructural, como pueden ser: condonación de la deuda externa, retención para los Fondos de un porcentaje de los pagos que aún queden pendientes por concepto de deuda externa, impuesto a las transacciones cambiarias especulativas, aporte de los inversionistas extranjeros y donaciones de organismos internacionales; en la búsqueda de cambiar deuda por bienestar y mecanismos redistributivos eficientes y justos.
En el contexto del ALCA, con mucha razón, varios países del continente han venido planteando que resulta imposible continuar avanzando significativamente en muchas áreas de las negociaciones mientras los Estados Unidos no esté dispuesto a reconsiderar las políticas de apoyo interno a su producción agrícola. Nuestros países carecen de la magnitud de los recursos financieros que disponen los países desarrollados para apoyar la agricultura; lo que tenemos son instrumentos de política para paliar los efectos perversos de las distorsiones de los precios internacionales, instrumentos que se nos solicita eliminar con las negociaciones de acceso a los mercados. Estos masivos apoyos internos acentúan los desbalances profundos que caracterizan las relaciones económicas continentales. La producción agrícola es mucho más que la producción de una mercancía. Es, más bien, un modo de vida. Es el fundamento básico para la preservación de opciones culturales, es una forma de ocupación del territorio, define modalidades de relación con la naturaleza, tiene que ver directamente con los temas críticos de la seguridad y soberanía alimentarias. Por lo tanto, no puede ser tratado como cualquier otra actividad económica o cualquier producto.
Las modalidades de registro de la autoría del conocimiento característicos del modelo industrial, las patentes, adquieren una plena protección como propiedad privada. Las otras modalidades de conocimiento, colectivas, campesinas, tradicionales, de pueblos indígenas, etc., al no cumplir con los criterios de autoría precisa, novedad o aplicación industrial, carecen de dicha protección. Aquello en lo cual los países del Norte y sus empresas tienen sólidas ventajas, su control de una muy alta proporción de todas las patentes industriales, recibe rigurosa protección. Aquello en lo cual los países del Sur tienen ventajas, sus conocimientos campesinos y tradicionales y su biodiversidad, carece, en lo fundamental de protección.
La transparencia en el proceso de negociaciones es una condición sin la cual no sería posible la participación de la sociedad civil en el seguimiento del proceso. Sin embargo esta transparencia ha sido hasta el momento muy limitada. Sólo después de una insistente presión por parte de organizaciones sociales de todo el continente, fue dado a conocer el primer borrador de los textos en junio del año 2001, después de varios años de negociación. El segundo borrador se dio a conocer en noviembre del año 2002. Estos borradores, brindan una limitada capacidad de debatir sobre lo que ocurre en las negociaciones del ALCA.
Sólo mediante un proceso de negociaciones efectivamente transparente al conjunto de la sociedad, a los sectores empresariales, a los trabajadores, a las organizaciones indígenas, de mujeres, culturales, ambientales, a los partidos políticos, al parlamento, a la prensa, podremos afirmar que estamos avanzando en la dirección de un proceso de integración que pueda caracterizarse como democrático. En el caso venezolano, de acuerdo a lo previsto en el artículo 73 de la Constitución, Referendos en Proyectos de Leyes y en Materia Nacional, el Gobierno Nacional realizaría un referéndum sobre el ALCA antes de aprobar o ratificar el Tratado.
El acelerado proceso de reuniones que se llevan a cabo en la actualidad y la presión por concluir estas negociaciones a más tardar a finales del año 2005, niega tanto la posibilidad de la transparencia como la posibilidad de que sectores sociales y la sociedad en su conjunto sean consultados antes de tomarse decisiones de consecuencias tan profundas como las que estarían implicadas en los actuales borradores del ALCA.
Las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas se inician con la existencia de abismales diferencias no sólo entre los tamaños de las economías, sino igualmente extraordinarias diferencias en los niveles de desarrollo. Uno de los objetivos principales que debería tener un proyecto de integración exitoso, tal como lo ha demostrado la experiencia de la Unión Europea, es que la integración permita dar pasos sólidos hacia significativas reducciones de estas inmensas desigualdades inicialmente existentes. Esto requiere el establecimiento de compromisos firmes -con procedimientos que garanticen su cumplimiento- para que la operación del Tratado contribuya en forma efectiva a la reducción de estas desigualdades.
Si no se concretan las acciones necesarias para mejorar las condiciones del entorno social y productivo, países muy desiguales serían tratados como iguales y se verían obligados a competir bajo las mismas reglas a pesar de sus rezagos y debilidades.
Un trato de iguales a economías profundamente desiguales no puede sino favorecer a los más fuertes a costa de los más débiles. Si no se concretan las acciones necesarias para mejorar las condiciones del entorno social y productivo, países muy desiguales serían tratados como iguales y se verían obligados a competir bajo las mismas reglas a pesar de sus rezagos y debilidades.
Para avanzar en la reducción de estas profundas desigualdades, es indispensable encarar este reto y asumir compromisos firmes que necesariamente exigirán una significativa transferencia de recursos desde los países más ricos a los países más pobres. Desde nuestra perspectiva, un proyecto de integración puede ser una oportunidad para todos si y sólo si las principales potencias del hemisferio comparten los costos políticos, económicos y financieros de abrir espacios para el esfuerzo productivo de los países más débiles. En este sentido, la creación de los Fondos de Convergencia Estructural destinados a financiar los proyectos en infraestructura y servicios para disminuir las asimetrías y desigualdades entre países, es una condición imprescindible para evitar que una Área de Libre Comercio sea un espacio en el que ganan unos y pierden muchos.
Son más de 24 países en el Hemisferio que reconocen las limitaciones de estas propuestas y exigen cambiar la metodología de ayuda a los países en desarrollo. La delegación de CARICOM ha venido planteando este tema desde el principio de las negociaciones e insisten en la necesidad de un Fondo de Integración Regional, las delegaciones como República Dominicana y Nicaragua solicitan un Fondo de apoyo a la reconversión de empresas y a la reorientación de la producción, la delegación de MERCOSUR propone un Fondo de Compensación.
Venezuela ha presentando una serie de posibles fuentes de financiamiento para estos Fondos de Convergencia Estructural, como pueden ser: condonación de la deuda externa, retención para los Fondos de un porcentaje de los pagos que aún queden pendientes por concepto de deuda externa, impuesto a las transacciones cambiarias especulativas, aporte de los inversionistas extranjeros y donaciones de organismos internacionales; en la búsqueda de cambiar deuda por bienestar y mecanismos redistributivos eficientes y justos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario